Ley 1620 de 2013

LEY 1620 DE 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Considerando que la Ley 1620 de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

Que el Gobierno Nacional reconoce que uno de los retos que tiene el país, está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar, precisando que cada experiencia que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto de vida. Y que de la satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su bienestar sino la prosperidad colectiva.

Que la Ley 1620 de 2013 establece como herramientas del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar: i) el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y ii) la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención. Por lo anterior, se requiere de un desarrollo normativo que permita fijar la conformación y funcionamiento del Sistema de Información Unificado y establecer las pautas mínimas sobre cómo aplicar la Ruta y los protocolos, para prevenir y mitigar las situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos

¿Qué propone la ley?

La ley introduce varias medidas para mejorar la convivencia en las instituciones educativas:

• Manual de convivencia participativo: La ley enfatiza la importancia de elaborar manuales de convivencia que reflejen los acuerdos alcanzados por toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y familias.
• Ruta de Atención Integral (RAI): Establece un protocolo para abordar situaciones de violencia escolar, proporcionando una guía clara para la intervención y seguimiento de casos.
• Prevención del acoso escolar: Define el acoso escolar (bullying) como una conducta negativa, intencional y sistemática que busca causar daño a otro estudiante, y establece medidas para su prevención y atención.

¿Está funcionando realmente?

Aunque la ley establece un marco normativo sólido, su implementación ha enfrentado varios desafíos:

• Falta de apropiación local: En algunas regiones, como Rionegro, Antioquia, se ha observado una falta de actualización y articulación de la ley en los manuales de convivencia, así como una escasa vinculación de las entidades encargadas de velar por los derechos de los niños y adolescentes.
• Participación limitada de las familias: A pesar de que la ley promueve la participación activa de las familias en la construcción de un entorno escolar seguro, en la práctica, muchas veces se observa una separación entre la escuela y las familias, lo que dificulta la implementación efectiva de las medidas propuestas.
• Enfoque integral cuestionado: La ley aborda múltiples aspectos, como convivencia escolar, derechos humanos, educación para la sexualidad y prevención de la violencia escolar. Sin embargo, algunos expertos señalan que combinar estos temas en una sola ley puede diluir su efectividad, ya que cada uno requiere un enfoque especializado y recursos específicos.

La Ley 1620 de 2013 representa un paso importante hacia la creación de un entorno educativo más seguro y respetuoso en Colombia. No obstante, su éxito dependerá de una implementación efectiva, que incluya la actualización de los manuales de convivencia, la participación activa de las familias y una atención especializada a cada uno de los aspectos que aborda. Es esencial que las autoridades educativas y la comunidad en general trabajen de manera conjunta para garantizar que los derechos de los estudiantes sean protegidos y promovidos en todos los niveles educativos.

REALIZADO POR: Mariana Agudelo